Amnistía denuncia la “invisibilidad” del acoso escolar

“Sólo se ve la punta del iceberg”

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la “invisibilidad” del acoso escolar en España y ha advertido de que se trata de un asunto de Derechos Humanos que “afecta a miles de niños y niñas y adolescentes y sus familias”.

Así lo ha puesto de manifiesto el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Madrid para presentar los resultados del estudio ‘Hacer la vista… ¡gorda!: El acoso escolar en España, un asunto de Derechos Humanos’.

El informe es fruto de una investigación documental y sobre el terreno realizada entre octubre de 2017 y diciembre de 2018, centrándose en Galicia y Extremadura por ser dos de las regiones desde las que el servicio de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) recibió menos llamadas durante el primer año de funcionamiento.

Durante su intervención, Beltrán ha explicado que la primera conclusión de este informe es que el acoso escolar es “invisible”. “Sólo se ve la punta del iceberg de miles de casos que no se registran oficialmente, ya sea como resultado de errores en la recogida de los datos por parte de la administración, por la falta de formación del profesorado y de padres y madres que lo identifiquen”, ha manifestado.

En este sentido, el director de Amnistía ha asegurado que el acoso escolar “no se combate adecuadamente porque las medidas que hay para detectarlo no están funcionando”. Beltrán ha insistido en que los datos son “muy diferentes” dependiendo de quien los ofrezca, y “no reflejan la realidad del sufrimiento y del padecimiento de muchos niños y niñas en España”.

Según ha denunciado el autor del estudio, Koldo Casla, “la mayoría de los casos de acoso escolar” identificados de forma preliminar por el servicio de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) en 2017 “no han sido reportados a la inspección educativa”. Además, las formas no físicas de acoso, como los insultos, el hostigamiento y la exclusión social, incluido en las redes sociales, suelen pasar desapercibidas y no se documentan en los cauces oficiales.

La organización indica que, durante su primer año de funcionamiento, el servicio recibió 25.366 llamadas, de las que 7.508 fueron identificadas como posibles casos de acoso escolar. AI avisa de que se informó a la inspección educativa de 278 de ellas (el 3,7% del total), “a pesar de que el protocolo del servicio telefónico dice claramente que se debe informar a la inspección de todos los casos”.

A finales de abril de 2019, el Ministerio de Educación informó de que en su segundo año de funcionamiento (entre noviembre de 2017 y octubre de 2018), el teléfono había recibido 12.799 llamadas, de las que 5.557 fueron identificadas como posibles casos de acoso. El Gobierno atribuye este notable descenso con respecto al año anterior a la puesta en marcha de servicios equivalentes por varias comunidades autónomas, como recuerda AI.

Asimismo, Koldo Casla ha advertido de que no existen datos desglosados por etnia, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, posición socioeconómica u otros motivos de discriminación, con la excepción ocasional de la edad y el sexo. “Es urgente que se documente la dimensión real del problema”, ha añadido.

En el acto, celebrado en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, han estado presentes Sara Padrón y Paula Orbán, dos estudiantes que participan en un programa de ‘Ayuda entre iguales’ para la prevención de posibles casos de acoso escolar en Galicia. En su intervención, Sara ha explicado que existen “muchos tipos de conflicto” y que con la mediación tanto la víctima como el acosador se sienten “escuchados” y “cómodos”. “Hablamos el mismo idioma”, ha destacado, para agregar que la mediación “no juzga”.

Por su parte, Paula ha relatado un caso de éxito que ha tenido lugar recientemente en su centro escolar. La víctima llevaba semanas sufriendo de los insultos por su aspecto físico por parte de un compañero. Entonces, una amiga de la alumna se decidió a denunciarlo a la orientadora del centro, que es a su ves coordinadora del grupo de mediación.

“La predisposición por ambas partes era favorable”, ha asegurado Paula, que ha agregado que víctima y acosador expusieron sus puntos de vista y llegaron a un entendimiento. “Se ha solucionado sin sanción, con el respeto mutuo como base”, ha subrayado.

 

UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS

“El acoso escolar es un problema de Derechos Humanos”, ha recalcado Esteban Beltrán, quien ha añadido que afecta “a miles de personas”. Así, ha destacado que el acoso merma el autoestima de las víctimas que lo sufren, su salud, su rendimiento educativo y “su derecho a crecer felices y sin miedo”.

En este sentido, Beltrán ha destacado que las víctimas de acoso sienten “indefensión” y creen que están siendo “ignoradas”, por lo que ha avisado de que proteger a los menores es una “obligación” de las autoridades. “Queremos que sea una prioridad para el nuevo Gobierno” porque los anteriores han “fallado”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado cifras “claras” respecto a este problema.

Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción en www.pupitreslibres.org para recoger firmas dirigidas al nuevo Gobierno central y a las comunidades autónomas en la que pide que conviertan la lucha contra el acoso escolar en parte central de sus políticas. “No es simplemente un problema administrativo o de niños”, ha subrayado Beltrán.

En este contexto, el director de ha defendido que se trata de un problema que tiene “solución” si se ponen en marcha una serie de medidas concretas que pasan por implementar un sistema de denuncias complementario al actual, un mecanismo que utilicen habitualmente los y las adolescentes y que sea anónimo.

Además, la organización recomienda confiar en niños, niñas y adolescentes en la prevención del acoso escolar y la identificación de soluciones para desarrollar programas de apoyo entre iguales obligatorios en todos los centros educativos.

Para realizar este estudio, Amnistía Internacional se ha entrevistado con unas 125 personas con conocimientos profesionales o experiencia personal del fenómeno. En concreto, ha entrevistado a un total de 17 personas del ámbito académico y de la investigación de varias partes de España.

Además, en dos visitas a Extremadura y Galicia en abril y mayo de 2018, se ha entrevistado a 26 docentes, seis directores, tres orientadores escolares, cuatro psicólogos, un representante de una asociación de padres y madres, tres organizaciones de voluntariado, cinco representantes sindicales, dos inspectores educativos, tres miembros de la oficina del Valedor do Pobo (Defensor del Pueblo gallego), seis padres y 11 madres, y 53 adolescentes y personas adultas jóvenes (33 chicas y 20 chicos) de entre 14 y 18 años de edad (dos entrevistas individuales con un joven y una joven que tenían 18 años en aquel momento y siete grupos focales).