Cerco a los no vacunados

Por: José Antonio Martínez

La lucha contra el Covid-19 y las distintas variantes del virus no puede ser una excusa para limitar o extirpar libertades que costaron mucho alcanzar. La persecución de algunos gobiernos contra quienes optan libremente por no vacunarse es completamente ilegal y sólo podría entenderse si en vez de defender el bien común persiguieran objetivos inconfesables.

Italia acaba de imponer por decreto la vacunación obligatoria a los mayores de 50 años. El primer ministro, Mario Draghi, justifica la medida en la necesidad de que la población se inmunice para controlar la pandemia. Y no contento con ello, está dispuesto a exigir el mal llamado pasaporte sanitario para acceder a los medios de transporte, hoteles, ceremonias o festivales, además del ocio y la restauración. Si las cifras que esgrime el Gobierno italiano de que el 86% ha completado el ciclo de vacunación son ciertas, ¿a qué viene tamaño acoso y persecución del no vacunado?

En la misma línea se ha mostrado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien no ha tenido inconveniente en decir que tiene mucha ganas de joder a los no vacunados, desatando una ola de indignación entre los franceses, orgullosos de lo que representa Francia, pionera en la lucha por la libertad. Donde no parece haber ningún tipo de libertad es en el pequeño Estado del Vaticano, que no dejará ir a trabajar a quienes no presenten el certificado de vacunación contra el coronavirus, llegando a la suspensión del sueldo. Así se deduce del nuevo decreto de la Secretaría de Estado, firmado por el cardenal Pietro Parolin el 23 diciembre, respondiendo a la postura pro-vacunación del Papa Francisco, nada amigo de los que se oponen a la inoculación. Australia también es un ejemplo de la persecución de las libertades, confinando hasta en seis ocasiones a la población. No debería extrañar pues que se haya cebado con el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, a quien ha detenido y vetado en el Master simplemente por no estar vacunado.

En España de momento el Gobierno de Sánchez no se ha atrevido a obligar por decreto a la vacunación, aunque deseos no parecen faltarle. A su ya ilegal confinamiento de la población durante buena parte de los años 2020 y 2021 y al cierre ilegal del Parlamento, le han seguido medidas de muy dudosa legalidad, como el cierre de miles de negocios o la implantación del pasaporte covid, en el más puro estilo nazi, sin importarle lo más mínimo las libertades de los ciudadanos, y enmascarando su totalitarismo con el mantra de que actúa por la salud de la gente.

Estos son sólo unos pocos ejemplos de lo que es una medida generalizada, desoyendo voces autorizadas que advierten contra estas prácticas. El Consejo de Europa, en la resolución número 2361 de la Asamblea Parlamentaria aprobada el 27 de enero de 2021, pide a los Estados que forman parte de esta organización internacional, entre ellos España, que garanticen que “nadie es discriminado por no vacunarse” y que informen a los ciudadanos “de la no obligatoriedad de la vacunación” contra el coronavirus.

Así, pues, ¿cómo se explica este ataque a los más elementales derechos y libertades? Si la mayoría de las personas ya están vacunadas contra el virus, ¿por qué esa persecución a los no vacunados? Los gobernantes puede que hayan conseguido sus inconfesables objetivos, pero han perdido la credibilidad a tenor de las continuas mentiras vertidas a través de la propaganda, usando el miedo para dominar y someter a una población excesivamente confiada, en pro de un sucio, mezquino e inmenso negocio.