Los centros educativos tendrán el deber de denunciar casos de acoso

Los centros deberán contar con un plan de convivencia

Así lo recoge el proyecto de decreto que establece el marco regulador de la convivencia de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, que ha adelantado el diario ‘El Mundo’.

“Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia escolar en los términos establecidos en este decreto y participarán en la elaboración, en el desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas que vayan encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, especifica el documento, que está en fase de información pública.

Para garantizar el clima propio de aprendizaje y los derechos de todos sus miembros, se establece la obligación de corregir los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo como en el recinto escolar, así como aquellos que se produzcan fuera de las aulas pero que tengan relación directa con la vida escolar.

“En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal”, recoge el documento en su apartado de actuación en conductas contrarias a la normativa.

La Comunidad de Madrid aprobó en 2016 un plan de lucha contra el acoso escolar con medidas para evitarlo y “erradicarlo” de manera inmediata en cuanto se tuviera conocimiento de este tipo de situaciones. Además, se recogía la “atención inmediata” a las víctimas de acoso escolar y sus familias, así como la asistencia y formación permanente al profesorado y a las familias.

Ahora, en este decreto se plasma el derecho y el deber de combatir y comunicar situaciones de acoso escolar, sea cual sea el motivo, algo que también se extiende al personal de administración y servicios, así como de otros profesionales del centro.

En el caso de las familias, también se incluye el deber de fomentar en sus hijos o tutelados una actitud “responsable” en el uso de tecnologías de la información y comunicación, para lo cual se tiene que prestar “especial atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso”.

Aparte, se menciona la obligación de fomentar y hacer respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.

El proyecto de decreto recoge como derecho del docente el recibir la “colaboración necesaria” por parte de los padres, madres o representantes legales del alumnado para poder proporcionar “un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al alumnado”.

Además, es su obligación poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de las familias, cuando corresponda, “los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la aten*ción inmediata que precisen”.

Otra exigencia es poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de “violencia infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la normativa vigente”.

En este borrador de normativa se subraya que el profesorado tiene condición de autoridad pública y que su actuación está sustentada por el principio de veracidad.

Por otro lado, se recoge que los centros deberán contar con un plan de convivencia que deberá diferenciar “con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificultan la convivencia”.

En este punto, se deberá disponer de los protocolos de actuación para la gestión de la convivencia y la resolución de los conflictos en el ámbito escolar. “Se recogerán de modo especial los relacionados con situaciones de acoso, maltrato o agresión y protección a las víctimas”, recoge el borrador.

También se recoge como conducta grave la difusión “por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos”.