La democracia debe defenderse
Por: José Antonio Martínez
La iniciativa de Bildu de incluir a 44 terroristas -siete de ellos condenados por asesinato- en las listas electorales de las municipales en el País Vasco es una grave provocación que no se puede dejar pasar. En un Estado de Derecho no todo vale, hay que cumplir y hacer cumplir la ley, y la democracia tiene que defenderse de quienes se aprovechan del acceso franco a las instituciones para dinamitar desde dentro.
Esta provocación de Bildu ha puesto en una posición delicada al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, quien se ha limitado a decir que las listas con etarras no es algo ilegal, sino solamente indecente. Una salida vergonzante de quien no se puede esperar otra cosa habida cuenta sus pactos con Bildu, el partido de los etarras, gracias a los cuales se mantiene en el poder.
El PP, por boca de su presidente, propone que la Fiscalía intervenga para impedir que finalmente esos 44 terroristas vayan en las listas electorales. Creemos que Alberto Núñez Feijoo se queda corto. ¿Cómo se podría entender que un condenado por asesinato acabase de alcalde o de concejal en la localidad donde cometió sus crímenes? ¿Cómo se entendería que el terrorista se pasee libremente y llegue a gobernar un Ayuntamiento? ¿Cómo defiende el Estado de Derecho a las víctimas de ese etarra cuando se crucen en la calle o cuando sus decisiones políticas les afecten directamente?
No se trata únicamente de vetar la presencia de 44 terroristas en las listas. Es preciso debatir y proponer la ilegalización de partidos como Bildu, dirigido por un condenado por terrorismo, no por ese ‘hombre de pazzz’ como definió Zapatero a Otegi. Repetimos que la democracia debe protegerse del acoso de partidos y de personas que no creen en la democracia. La Ley de Partidos señala claramente que una formación será declarada ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, incluyendo dar apoyo expreso o tácito al terrorismo, o incluir en sus listas a personas condenadas por terrorismo que no lo hayan rechazado públicamente.
Y eso mismo debería aplicarse a los partidos separatistas catalanes que ya intentaron el golpe de Estado con la declaración de independencia en 2017. Ahí la Justicia actuó rápida y contundentemente condenando el Tribunal Supremo a penas de cárcel a los cabecillas de la sedición. Pero en una demostración de autoritarismo y de desafío a la separación de poderes Sánchez decretó su indulto y eliminó los delitos de sedición y prevaricación en una clara invitación a los separatistas a repetir su ataque contra la unidad de España.
Es doloroso e indignante ver cómo el presidente de este Gobierno no sólo no lucha por defender la democracia, sino que se asocia con quienes quieren acabar con ella sólo para permanecer en el poder. Cuesta creer que haya políticos con tan poca dignidad, que antepongan sus intereses particulares a los intereses de los ciudadanos, aliándose precisamente con quienes quieren ver a España rota y destruida.
El partido antecesor de Bildu, Herri Batasuna, ya fue ilegalizado precisamente por su respaldo al terrorismo etarra. Y su líder, Arnaldo Otegi, encarcelado por terrorista. Además, la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó en 2016 excluirle como candidato a las elecciones autonómicas del País Vasco. Hay, por tanto, precedentes. ¿Y qué consecuencias tuvieron esas acciones de la Justicia? Pues muy positivas, ya que fueron el detonante que condujo a la derrota de la banda terrorista ETA después de casi cinco décadas de asesinatos.
Desgraciadamente, nada de eso podemos esperar de Pedro Sánchez, quien como él mismo reconoció maneja los hilos de la Fiscalía General del Estado. Prefiere pasar de puntillas, acusando a PP y Vox de usar a ETA en campaña porque no tienen nada que ofrecer, como dice en sus mítines, y abrazando a sus socios terroristas y separatistas para seguir en el poder aunque para ello haya prescindido de cualquier atisbo de vergüenza.
